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El CEO de Ripple advierte que pueden reubicar su sede debido a las regulaciones “hostiles” de EE.UU.


Chris Larsen expresó su frustración por las regulaciones demasiado estrictas de los EE.UU.

Chris Larsen, cofundador y presidente ejecutivo del gigante tecnológico Ripple Labs, ha revelado que la empresa está considerando trasladar su sede al extranjero debido a la postura regulatoria demasiado estricta del gobierno federal hacia la industria de las criptomonedas.

“Si quieres estar en este negocio, probablemente deberías ir a otro lugar. Para serte sincero, incluso estamos considerando trasladar nuestra sede a una jurisdicción mucho más amistosa”, declaró.

Larsen reveló esta noticia en el LA Blockchain Summit el martes 6 de octubre. Señaló que casi todos los países, excluyendo a los EE.UU., están desarrollando sistemas favorables para regular la industria de las criptomonedas.

El ejecutivo también dijo que el Reino Unido y Singapur están a la cabeza de la lista de posibles nuevos lugares para la compañía, que actualmente tiene su sede en San Francisco.

Ripple está inmersa en una lucha legal desde mayo de 2018 con inversores que afirman que la empresa violó las leyes estatales y federales de valores con su criptomoneda, XRP. En agosto de 2019, el grupo de inversores presentó una demanda enmendada, afirmando que los tokens XRP son valores no registrados bajo la orientación de la Comisión de Valores y Bolsa.

La empresa respondió que, si bien posee una gran cantidad de XRP, la red que se utiliza para liquidar todas las transacciones de XRP está descentralizada. En una moción presentada por la empresa para desestimar la demanda el pasado mes de septiembre de 2019, Ripple declaró que “no existe una empresa común entre Ripple y los compradores de XRP; no se prometió que Ripple ayudara a generar beneficios para los titulares de XRP y el Libro Mayor de XRP está descentralizado”.

Ripple también argumentó que la demanda que presentaron los inversores llegó demasiado tarde.

“Según las propias alegaciones del demandante, los demandados ofrecieron XRP al público durante todo el período comprendido entre 2013 y 2015. En consecuencia, el estatuto de tres años de reposo expiró a partir de 2016 (tres años después de las ventas citadas en el acuerdo de mayo de 2015) y en ningún caso después de mayo de 2018 (tres años después del acuerdo de mayo de 2015 en el que “los demandados reconocieron que habían vendido XRP al público general”, señalaba la demanda.

Por último, Ripple concluyó diciendo que no vendió sus tokens XRP a los demandantes directamente. La empresa declaró que, aparte de sus propias ventas, “otros incontables titulares de XRP” venden la criptodivisa en los exchanges, lo que hizo “imposible concluir” que los inversores habían comprado XRP a la empresa.

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